English
Español
AlemánLa cruzada de LaLiga y de Telefónica para acabar con la piratería en la emisión del fútbol en televisión avanza en los tribunales. La Justicia española ha imputado a la compañía estadounidense Cloudflare y a su consejero delegado, Matthew Prince, y les ha citado a declarar en calidad de investigados por presuntos delitos piratería audiovisual, tras la querella presentada por la Liga y Telefónica Audiovisual Digital (la sociedad propietaria de Movistar Plus+), según apuntan fuentes judiciales.
El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha citado al grupo digital estadounidense y a su máximo ejecutivo a declarar el próximo 7 de abril como investigados por presuntos delitos contra la propiedad intelectual, amenazas y obstrucción a la justicia. Se trata de la primera citación judicial en España a una compañía tecnológica de Estados Unidos por presuntos delitos contra la propiedad intelectual y llega en un momento clave en que los clubes de LaLiga y el principal adjudicatario de los derechos audiovisuales del fútbol, Telefónica, han lanzado una estrategia para acabar con la piratería y la emisión ilegal de los partidos.
Las estimaciones de LaLiga y Movistar, recogidas en la querella, apuntan a que aproximadamente un 38% de los servidores, webs, reproductores y plataformas ilegales que difunden contenidos de competiciones de forma ilícita en España ha utilizado servicios de Cloudflare. Los querellantes sostienen que Cloudflare actúa como un intermediario técnico cuya red de distribución de contenidos (CDN) y sistema de 'reverse proxy' ocultan la IP real de los servidores piratas tras direcciones IP de Cloudflare visibles en Internet. Se le atribuye la prestación de alojamiento temporal, transporte y almacenamiento en caché de flujos de 'streaming' con contenidos ilícitos de LaLiga, lo que situaría a la compañía como un "actor imprescindible" en toda la cadena de la piratería audiovisual.
Más de 1.000 emisiones ilegales por partido
Los daños económicos causados por la actividad que Cloudflare presuntamente permite o facilita ascenderían a 859 millones de euros anuales. La querella sostiene que la compañía obtendría beneficios millonarios derivados de los servicios prestados a plataformas de piratería, al tiempo que contribuye a la difusión masiva de retransmisiones ilegales de partidos de LaLiga.
LaLiga estima que en cada partido de la competición existen entre 1.000 y 1.500 emisiones ilícitas camufladas bajo el paraguas de Cloudflare. Ante la falta de colaboración de la empresa ahora imputada, la patronal y los proveedores de acceso a internet han reaccionado mediante bloqueos de IP de Cloudflare, provocando como efecto colateral la caída de webs legales de otros ámbitos que están en la cartera de clientes de la empresa estadounidense. Cloudflare trató de frenar judicialmente lo que considera bloqueos indiscriminados, pero hace unos meses un juzgado de Barcelona avaló las actuaciones que está llevando a cabo LaLiga.
Fuentes del organismo que preside Javier Tebas se felicitan por la imputación de Cloudflare y de su CEO y consideran que es "un paso adelante en la lucha contra la piratería". Desde LaLiga no solo han acusado al proveedor de servicios de CDN de tolerar la difusión de fútbol pirata, sino que en su trabajo de detección de IPs fraudulentas también han detectado otras actividades ilícitas más graves, como pornografía infantil, que se emiten bajo el escudo digital de la compañía y que también ha denunciado ante la Justicia.
Piratería, amenazas y obstrucción
La querella de LaLiga y Telefónica apunta a la presunta comisión de tres delitos de especial gravedad: delitos contra la propiedad intelectual, amenazas o coacciones y obstrucción a la administración de justicia. La imputación se fundamenta en que Cloudflare Inc. y su presidente habrían desplegado distintas actuaciones destinadas a impedir la correcta ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, dictada el 18 de diciembre de 2024.
Una sentencia que autorizaba a LaLiga y a Movistar Plus+ a notificar a los proveedores de acceso a Internet en España, en cada jornada de LaLiga, las direcciones IP que facilitasen el acceso ilícito a contenidos audiovisuales protegidos, incluidas numerosas IP asociadas a Cloudflare. Los querellantes afirman que Cloudflare habría recibido más de 114 requerimientos formales, aproximadamente cada día con jornada de competición, con información detallada sobre plataformas ilícitas cuya recepción consta acreditada. Pese a ello, los denunciantes sostienen que la empresa no habría adoptado medidas eficaces para cesar la actividad ilícita ni para bloquear de inmediato el acceso a las plataformas piratas que protege en su red, pese a tener capacidad técnica para ello.
Las declaraciones que apuntan al CEO
Como elementos agravantes, la querella incorpora manifestaciones públicas del CEO de Cloudflare sobre el cumplimiento de resoluciones judiciales europeas. Se destaca que Prince ha sostenido que las decisiones judiciales de otros países distintos a Estados Unidos no obligan a Cloudflare y que, en caso de exigirse su cumplimiento, la compañía podría ejecutar medidas que afectarían incluso a servicios de seguridad y emergencia en Europa.
En enero de 2026, tras una sanción de una administración italiana por no cumplir órdenes de bloqueo de piratería, Prince publicó en la red social 'X' que un "quasi-judicial body" en Italia había multado a Cloudflare con 17 millones de dólares (14,6 millones de euros) y que la empresa se planteaba, entre otras medidas, retirar servidores del país y discontinuar servicios de ciberseguridad, incluso gratuitos.
Asimismo, en una conferencia en 2025 en el 'Council on Foreign Relations', criticó una resolución de un tribunal francés que obligaba al bloqueo de contenidos ilícitos de fútbol y relató que había propuesto a otras grandes tecnológicas coordinar una respuesta conjunta, incluyendo la posibilidad de cortar servicios en Francia si no se alcanzaba una solución. Estas declaraciones se consideran, en la querella, indicativas de una voluntad consciente de dificultar el cumplimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en territorio europeo, lo que podría encuadrarse en el delito de obstrucción a la justicia.